El primer relevamiento difundido en 2015 indicó que de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de registración y al 31 de enero de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por ciento. También eliminó los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP.
El 30 de junio de 2016, un día antes de la llegada del fallido segundo semestre, Mauricio Macri firmó el decreto 820/2016 con el cual modificó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Los cambios introducidos eliminaron los controles de la Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir el posible lavado de activos vía la adquisición de tierras (operaciones que se hacen en efectivo) y se flexibilizaron las condiciones de acceso para el capital extranjero.
Pero ocurrió algo más: con la Alianza Cambiemos hubo un retoque arbitrario en la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) para reducir los porcentajes de extranjerización (en algunos casos en forma alevosa) y de esa manera habilitar “nuevas inversiones” según el dogma macrista, sin generar demasiadas suspicacias sobre los potenciales nuevos inversores extranjeros.
A partir de la información a que accedió Cash, vía una serie de pedidos de Acceso a la Información Pública, los cambios abruptos en la base de datos del RNTR es apreciable en Bariloche (Río Negro), Orán (Salta) y Vinchina (La Rioja), entre otros departamentos. En algunas zonas también se detectó un incremento exponencial de la extranjerización a pesar de que ya en 2015 sobrepasaban los límites fijados por la Ley, como en el departamento de Ituzaingó (Corrientes).
¿Cómo se explican las modificaciones en la base de datos del RNTR? El gobierno de Macri evadió las explicaciones de cada situación detectada en al menos tres pedidos específicos de Acceso a la Información Pública (AIP), uno solicitado por la senadora María Inés Pilati Vergara (Chaco-FpV), otro correspondiente a la Mesa Nacional de Tierras (en el marco del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra) y el tercero perteneciente a este periodista.
La Ley
La llamada ley de Tierras fue aprobada en la Cámara baja durante la madrugada del 16 de diciembre de 2011, por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegaron desde el radicalismo, mientras que los integrantes del PRO estuvieron ausentes. Es decir, quienes luego conformarían la Alianza Cambiemos se opusieron a la sanción de una norma pensada para ponerle límites a la entrega indiscriminada de tierras a personas o sociedades extranjeras.
Entre las limitaciones se había fijado un límite del 15 por ciento a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y subprovincial; hasta un máximo de 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y sus equivalencias en el resto de las provincias; no se podían adquirir tierras rurales que contuvieran o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura o permanentes y sobre todo se establecían controles específicos para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones vía testaferros.
El resultado del primer relevamiento de tierras rurales difundido en 2015 indicó que de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, solamente el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279). Sin embargo, varias provincias duplicaban ese porcentaje, entre ellas Catamarca (12,09 por ciento), Corrientes (13,86), Misiones (13,88), y un poco más abajo Salta (11,80) y Santa Cruz (10,84).
Hacia el interior de cada jurisdicción había situaciones dispares. Por ejemplo, la extranjerización de tierras en Bariloche (Río Negro) llegaba al 21,5 por ciento; en Cushamen (Chubut) –el territorio donde ocurrió la represión de la Gendarmería que finalizó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado- era del 22,9 por ciento; o el caso extremo de Lacar, en Neuquén, con un 53,38 por ciento de extranjerización.
Este primer relevamiento arrojó que el 79,74 por ciento de la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en poder del 1,35 por ciento de los propietarios extranjeros que equivalían a 253 titulares.
Retoques
Apenas asumió la Alianza Cambiemos, el RNTR, a cargo de Cristina Brunet, comenzó con los retoques de porcentajes. Si para diciembre de 2015 el 6,09 por ciento de la tierra rural del país estaba en manos de personas o sociedades de otros países, para fines de 2017 había descendido al 5,57 por ciento. Según un primer pedido de Acceso a la Información Pública (AIP) realizado por este periodista, al 31 de enero de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por ciento. Es decir, 2.863.753 hectáreas dejaron de estar en manos privadas extranjeras, al menos para la base de datos del RNTR.
¿Qué pasó con esas hectáreas? ¿Se vendieron a capitales nacionales? ¿Cuántas transacciones se realizaron? ¿Todas las operaciones fueron informadas al Registro tal cual dispone la ley y el Decreto 820/2016? ¿Qué ocurrió con las sociedades radicadas en Paraísos Fiscales?
En Orán, la extranjerización era del 23,47 por ciento, es decir 278.278 hectáreas sobre una superficie rural total de 1.185.676. En la última información recibida (enero 2019), la extranjerización pasó a 143.401,5 hectáreas (12,09 por ciento).
En el caso de Vinchina (La Rioja), la extranjerización bajó al 3,59 por ciento, es decir 204.445,7 hectáreas menos en manos de extranjeros, mientras que en Ituzaingó (Corrientes) ocurrió lo contrario: en 2015 la extranjerización era del 16,09 por ciento, un punto por encima de los límites fijados por la Ley, mientras que a enero de 2019 había saltado al 33,9 por ciento, es decir 49.307 hectáreas más.
Otra situación que merecería algún tipo de explicación por parte del PEN tiene que ver con Bariloche. Al cierre del 2015, las tierras en propiedad de empresas extranjeras estaban repartidas entre Hidden Lake (Grupo Tavistock), propiedad de Joe Lewis, con 11.000 hectáreas; y el Grupo Burco, de nacionalidad belga, con 24.000 hectáreas, distribuidas en distintas fracciones de campo. Luego Burco transfirió parte de sus campos a capitales de Qatar. Las 36.000 hectáreas (sobre un total de 169.391 hectáreas rurales) equivalían al 21,5 por ciento de extranjerización.
Pero para enero de 2019, según lo informado por Brunet, la extranjerización era de apenas 23.050 hectáreas, es decir un 13,5 por ciento del total de tierras rurales. Lewis, Burco y los empresarios de Qatar siguen operando en la zona. Cash indagó específicamente sobre este cambio abrupto en la composición de la base de datos del RNTR pero la respuesta fue nuevamente una evasiva.
Este periodista formuló un pedido de AIP específico para conocer cuáles habían sido las operaciones concretas que justificaran estos cambios. La titular del RNTR respondió que no podía brindar información protegida por la Ley de Habeas Data y que, en todo caso, había que recurrir a cada uno de los registros provinciales. Sin embargo, nunca respondió algo tan específico y público como la cantidad de operaciones que podrían haber justificado tamaños cambios que podría beneficiar a potenciales compradores extranjeros.
Pero esa no fue la única evasiva. La senadora Pilatti Vergara también consultó cuáles habían sido las comunicaciones recibidas por el Registro sobre las modificaciones en las participaciones accionarias desde que habían asumido. El RNTR no respondió; solamente dijo que podía brindar información genérica y ante cualquier inquietud había que dirigirse a la página web del organismo.
El Decreto 820 vulneró la Ley sancionada en 2011 ya que el control sobre la extranjerización –vía un simple pasa manos de acciones – pasó a depender de la buena voluntad de las personas (físicas o jurídicas) que informaran de dichas transacciones. Por ende, la Mesa Nacional de Tierras también le preguntó al Registro cuáles habían sido las operaciones que justificaran los cambios abruptos en algunos departamentos, como así también todo tipo de intercambio de paquetes accionarios de los cuales hayan sido informados según el propio Decreto 820. Nuevamente, la respuesta fue una evasiva. También se consultó por las operaciones que contuvieran causes de agua y las autoridades provinciales no se hubieran expedido en el tiempo fijado por Ley. La respuesta fue la misma.
Distintas organizaciones sociales de Mendoza, Neuquén, Chubut, Provincia de Buenos Aires y CABA plantearon la inconstitucionalidad del decreto 820. Todos los amparos están frenados en el despacho de la jueza María Alejandra Biotti del juzgado federal 5 del Contencioso Administrativo, la misma magistrada que rechazó el amparo de Felipe Solá para frenar el decreto de Macri que permitió el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.
Paraísos Fiscales
En la Ley 26.726 primaba un criterio restrictivo, teniendo en cuenta que las guaridas fiscales (Panamá o Delaware) servían para la elusión o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las sociedades radicadas en esas plazas eran consideradas extranjeras por más que sus socios fueran argentinos.
El macrismo modificó está lógica. Según las respuestas de Cristina Brunet, la nueva directriz contó con el aval de la AFIP y de la IGJ. El primer informe sobre la extranjerización de la tierra elaborado en 2015 arrojó que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en guaridas fiscales.
Sin embargo, existió un cambio más de fondo. Con el decreto 820 se eliminaron los controles cruzados tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP pensados para prevenir el lavado de activos o la elusión fiscal a través de la compra venta de tierras, operaciones comerciales que suelen hacerse en efectivo.
Uno de los que logró “nacionalizar” sus tierras fue Bulgheroni, propietario de la sociedad Cerezas Argentinas SA que posee en Río Negro 20.957 hectáreas. En 2015, la empresa era considerada extranjera por estar radicada en Uruguay, según la información oficial a la que accedió Cash. No por nada los cambios de la ley de tierras ocurrieron luego del escándalo de los Panamá Papers.
