Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), vemos con gran preocupación, la decisión por la cual se han cedido tierras públicas en la provincia de Mendoza y rechazamos todo tipo de medidas que atenten contra los principios constitucionales que garantizan la propiedad privada.
La situación actual respecto a la entrega de aproximadamente 26.000 hectáreas a grupos indígenas/originarios, más allá de sus consideraciones históricas o políticas, es una grave señal que no incumbe solamente a una provincia sino a la imagen de todo un país frente al mundo entero.
Es importante y necesario asegurar que nuestro suelo no se convierta en un bien litigioso sino en tierra fértil, para progreso, desarrollo e inversiones.
En consecuencia, desde CAIR instamos a las autoridades de todos los órdenes a que aboquen esfuerzos, en garantizar y respetar los principios que han regido a nuestra patria desde sus inicios y a enderezar toda decisión en contrario.
La propiedad privada debe ser un derecho de todos como su defensa, una obligación del Estado.
Las consecuencias previsibles de medidas como la que aquí abordamos, -siendo ésta en particular de dudosa legalidad-, pueden resultar catastróficas en el presente, con impacto directo en el futuro. El suelo debe ser un recurso valioso y la riqueza del campo protegida contra toda señal en contario.
Hoy asistimos a diversas manifestaciones en la arena política, entre el oficialismo y la oposición en cuanto a la referida decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero en concreto, ninguna discusión seria y fructífera que vuelquen en el campo, las decisiones correctas y tan esperadas: seguridad jurídica, incentivos, libre mercado, etc.
Una vez más, desde CAIR llamamos a la reflexión e instamos al cese de toda medida que ponga en peligro el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.
