“Esto implica una mejora relevante respecto de los meses anteriores, que marcaron una tendencia oscilante, y así se vuelve a niveles del trimestre julio/septiembre del año pasado”, señaló el estudio.

El documento se basa en una encuesta entre socios y tiene en cuenta la cantidad de avisos publicitarios de campos en venta o alquiler en los principales medios gráficos, la cantidad de anunciantes en la web de CAIR, las operaciones rurales realizadas en el periodo analizado, las búsquedas y consultas efectuadas por inversores en la web y la cantidad de avisos comerciales en las principales plazas del interior del país.

En este contexto, enfatizó que en la medida en que no surjan nuevas restricciones o señales desalentadoras “es de esperar que el primer semestre del año termine en rangos de actividad similar a los actuales que repercute en una firme decisión por parte de los inversores en pasar a la acción”.

En diálogo con LA NACION, Juan José Madero, presidente de CAIR, indicó que este incremento de la actividad está vinculada a una mayor demanda de alquileres rurales y a la firmeza en los precios de los commodities.

“De a poco, el mercado inmobiliario va encontrando un nivel estable de precios de la tierra. La bisagra se dio en la campaña anterior cuando se volvieron a negociar los alquileres y estos se renovaron y se sostuvieron en los mismos valores”, dijo.

“Esa creciente demanda de alquileres siguió en la campaña actual, donde en los campos agrícolas hubo un incremento de hasta un 15% más en los valores en zona pampeana y en la provincia de San Luis. Incluso, en Córdoba se llegó a pagar hasta un quintal más que la campaña anterior. En tanto, en campos ganaderos los contratos de arrendamiento fueron de hasta un 10% más que en 2020”, añadió.

Para Madero, en ese alquiler donde el año pasado un dueño de campo “conseguía un máximo del 1% de rentabilidad sobre valores estables en el mercado de tierras, es decir salía hecho, en la actualidad está más cerca del 2%”.

En cuanto a las operaciones de compraventa, siguen siendo pocas y en un 80% con negocios de inversiones menores a US$2 millones. Los negocios grandes, arriba de US$10 millones, están retirados del mercado. “El perfil comprador son productores de la zona que se agrandan o que venden en una zona para comprar en otra región que les conviene”, puntualizó.

Se considera que la suba en los alquileres no conlleva un aumento en el valor comercial de la hectárea. “Esa realidad actúa como amortiguador para que la baja en los valores de los campos no continúe. El año pasado, los establecimientos rurales sufrieron una pérdida de su valor en dólares cercano a un 20%”, describió.

“Y pareciera que hoy los valores han encontrado su equilibrio, donde el propietario ya asumió esa baja y el comprador, que el año pasado estaba agresivo con ofertas irrisorias de menos de un 40% del valor ofrecido, se está adaptando a esos precios de mercado, aunque se muestra muy selectivo”, añadió.

Por último, Madero describió un nuevo perfil de vendedores de campo que apareció en los últimos tiempos. “La principal causa de venta se da como fin de un ciclo familiar cumplido o que los dueños ven que sus hijos no van continuar con la actividad. Pero hay una figura que ha aparecido de manera más repetida que es quien se va del país”, dijo.

“Antes el inversor que decidía vender lo hacía porque le surgían proyectos mejores afuera, pero en la actualidad es la coyuntura la que lo expulsa a irse, aun sin ningún negocio futuro en vista. Esa es la triste diferencia. Hoy existe un mayor porcentual de estos perfiles: si antes era uno, ahora son tres los que se van porque se sienten expulsados de su país. La inseguridad jurídica, política y económica, sumado al avance sobre la propiedad privada, exacerba los ánimos de los inversores”, finalizó.

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