Con más de ocho años de caída en la actividad (97% previo a cepo cambiario y Ley de tierras de 2011 vs. 28% actual), el mercado inmobiliario rural no es ajeno a la realidad económica y política de nuestro país. Históricamente en momentos de incertidumbre, tanto el oro como la tierra actuaron como resguardo de valor y pese a que el metal continúa y continuará con su carrera ascendente por al menos un año más, en la Argentina, las sucesivas crisis e incertidumbre futura afectaron seriamente a la actividad inmobiliaria rural, estimando que la actual proyectada debería ser superior al 70%, es decir, el spread económico/político afectan negativamente en más de un 40%.
La decisión de comprar o vender un campo es algo que para la gran mayoría sucede una sola vez en la vida, estando a veces vinculado a afectos e historias personales que difícilmente sean valuadas por los compradores y más aún en un mercado de contraofertas y búsqueda de oportunidades. Esto afecta la toma de decisiones y prolonga el cierre de algunos negocios en los que la realidad requiere de otro ritmo.
Así es que fueron apareciendo propietarios abrumados por el pasado y temerosos de un retorno a mayores controles que afecten precios y niveles de producción, como también a un aumento generalizado de impuestos a la exportación, y nuevos jugadores que presumen de la oportunidad de ingresar cuando otros quieren salir, evaluando el reacomodo positivo en los valores que podría traer una normalización del país.
En los últimos cuarenta años el revalúo de las tierras fue en promedio de un 5% anual, y de un 8% en los últimos veinticinco, siendo un hecho que además de un negocio productivo, también lo fue inmobiliario. Las crisis generan oportunidades y éstas nuevos negocios. Argentina es un país que basa su economía en el agro, de muy buena respuesta productiva, por lo que no hay manera de salir de tantos años de decadencia que no sea de la mano e impulsando éste sector.