El incumplimiento de la norma impide que lleguen las inversiones. (El Tribuno Campo)
La Cámara de Inmobiliarias Rurales denunció que la mitad de las provincias no cumplió su ordenamiento territorial y tiene paralizado el ingreso de capitales necesarios para el desarrollo.
En un lapidario comunicado, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales denunció que, a casi tres años de haber sido aprobada por el Congreso, la ley de tierras no puede aplicarse en el país. Según la cámara empresarial, “esta ley deberá ser revisada por el próximo gobierno, ya que el actual ha demostrado que no tiene la menor intención de acompañar al campo argentino, gran motor de la economía, promoviendo sus inversiones”. En efecto, el “Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, vulgarmente conocido como ley de tierras, fue aprobado en diciembre de 2011 y reglamentado en febrero de 2012 pero la mitad de las provincias aún no cumplió con sus mandatos y lo vuelve inaplicable. La ley establece como límite para la adquisición, por parte del capital extranjero, hasta 1.000 hectáreas en la zona núcleo o unidades productivas equivalentes en otras regiones del país que todavía no fueron oficializadas. “En abril de 2012 deberían haber estado confeccionadas las equivalencias, pero todavía hay 12 provincias que no lo hicieron y, de alguna manera, están limitando el ingreso de inversiones agropecuarias a su territorio”, explicó sin rodeos Cristian Beláustegui, titular de la Cámara de Inmobiliarias Rurales. Según la denuncia, la responsabilidad es compartida por el Gobierno nacional y por las administraciones provinciales. “El Consejo Interministerial de Tierras Rurales de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Dr. Julio César Alak, debería ocuparse en forma inmediata de las 12 provincias que aún no han presentado sus equivalencias”, exigió CAIR en un documento que, además, acusa a “los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota; Santa Fe, Antonio Bonfatti, y Buenos Aires, Daniel Scioli, como los responsables máximos de frenar el ingreso de divisas de inversores extranjeros en buena parte de la Pampa húmeda”. En el mismo sentido, el documento inusualmente duro se pregunta “qué motivos o intereses tendrán los gobernadores citados junto a los de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero”, para no haber presentado las equivalencias al Consejo de Tierras Rurales. “¿Será desidia, será ignorancia, será falta de interés, será que habrá otros intereses?”, cuestiona el texto de la entidad inmobiliaria. El futuro es promisorio Consultado por El Tribuno Campo, Beláustegui reconoció que “el negocio inmobiliario rural está jaqueado por esta situación”, lo que dificulta las inversiones que las regiones consideradas “marginales”, como el NOA, necesitan para su desarrollo productivo. Según el especialista, estos posibles proyectos de inversión además “se han frenado por el tema de holdouts y todas las complicaciones económicas de los últimos meses”. Sin embargo, el agente inmobiliario vaticinó: “Los inversores se anticipan a los mercados y estamos seguros de que si esto se resuelve, es probable que aparezcan empresarios que quieran comprar a nuevos precios”. “Por ahora, se reciben consultas de afuera porque Argentina siempre es un imán para la productividad alimentaria. aunque no se pueden satisfacer por la ley de tierras, por el cepo cambiario, y por circunstancias del mercado como la baja rentabilidad actual”, detalló esperanzado en que con un hipotético cambio de gobierno en 2015 la situación puede revertirse. Malestar oficial Según reveló la prensa nacional, el manifiesto de CAIR no fue bien recibido en despachos oficiales. Desde el Ministerio de Justicia se comunicaron telefónicamente con la entidad inmobiliaria para expresar el malestar por el contenido y, sobre todo, por el tenor del documento aunque prometieron “ocuparse del tema”. Desde el Gobierno salteño, por el contrario, evitaron responder al cuestionamiento de las inmobiliarias rurales.
UNA BASE EQUIVOCADA: Cristian Beláustegui, presidente de la Cámara de Inmobiliarias Rurales, consideró que “quienes hicieron la ley de tierras partieron de una base equivocada porque suponían que la Argentina estaba extranjerizando su territorio sin control”. “La ley contempla hasta un 15% de la superficie del territorio rural nacional que puede estar en manos de extranjeros, pero el censo que se realizó en 2012 marcó apenas un porcentaje del 6%. Con lo cual, el resultado matemático es que existen entre 22 y 23 millones de hectáreas que todavía pueden recibir inversiones agropecuarias extranjeras”, puntualizó. Consultado por la situación de Salta, el empresario aseguró que “la provincia está perjudicada especialmente por esta ley porque se han incorporado como tierras rurales las áreas mineras y, entonces, el porcentaje extranjerizado asciende al 11% y disminuye el territorio susceptible de nuevas inversiones”. “Eso es algo que tiene que resolverse a través de una reglamentación más razonable para poder llevar inversiones a zonas que necesitan desarrollo”, sugirió. (Fuente: EL TRIBUNO CAMPO / GONZALO TERUEL).
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